viernes, agosto 15, 2008

Subsidios al Transporte Público

En la actual discusión respecto de si se debe o no otorgar subsidios al transporte público se han escuchado argumentos, a favor y en contra, de toda índole: “en otras partes del mundo se subsidia”, o “los gobiernos no debiesen intervenir en los mercados”. Perdidas tras los forcejeos pre-electorales han quedado las razones técnicas y económicas por las cuales se justifican – ¡en términos de eficiencia! – los subsidios. En esta columna queremos partir por rescatar estas razones básicas para luego aplicarlas a la actual coyuntura.

Si cien personas deciden usar sus automóviles para ir a sus trabajos, producirán mucha más congestión que si van en transporte público, contaminarán más, generarán más ruido y usarán más combustible, ya que serán decenas de motores en vez de uno o dos. Luego, al incentivar el uso de los automóviles en la ciudad, se promueve simultáneamente la contaminación, el ruido, la congestión y la presión permanente por construir más vialidad, lo que redunda en menos espacios públicos. En suma, se estará favoreciendo una ciudad agresiva para sus habitantes.

Por otra parte, mientras más gente use transporte público menores serán los tiempos de espera y las caminatas a los paraderos. Esto sólo se logra si el diseño de las frecuencias y los trazados del transporte público responde a la demanda sin hacinamientos, como debiese ser. Así, cada nuevo usuario de transporte público hace disminuir el tiempo total de viaje de todos los demás, generando beneficios a otros usuarios, al mismo tiempo que deja de generar importantes perjuicios al congestionar y contaminar menos. Además, el mejor servicio del transporte público podría atraer a otros usuarios de automóvil, generándose un círculo virtuoso.

El problema es que ni los beneficios ni los perjuicios producidos a otros son percibidos por las personas cuando toman sus decisiones de transporte, lo que provoca un uso del automóvil mayor que lo eficiente socialmente. Por esto es necesario subsidiar el pasaje del transporte público y tarificar por congestión: se trata de corregir las percepciones de los costos y beneficios de cada alternativa, de manera de generar consistencia entre las decisiones individuales y el óptimo social. El costo de no aplicar una política de subsidios es, al final, un costo en la calidad de vida de la gente, con impactos en salud y otros sectores.

El plan inicial de Transantiago nunca contempló subsidios, a pesar de voces técnicas que lo plantearon. Fue sólo tras el desastre resultante y el déficit persistente –originados en el dogma del autofinanciamiento– que esta discusión cobró importancia. No es extraño entonces que haya quienes se pregunten si los subsidios no serán sino un intento de cubrir ineficiencias o perpetuar malas prácticas. Pero estas dudas no deben opacar que los sistemas de transporte público requieren, justificadamente, niveles de subsidio hoy reconocidos como necesarios por muchos actores de nuestra realidad nacional. Pareciera ser que se entró en un juego perverso de desconfianzas: unos no confían en que los subsidios vayan a ser usados para re-diseñar lo que se hizo mal, y los responsables creen que el rechazo sólo se hace por razones electorales o de empecinamiento ideológico.

Este es un momento complicado pero muy trascendente para la futura calidad de vida en nuestras ciudades. En nuestra opinión, resulta fundamental que, por una parte, nuestros parlamentarios consideren que los subsidios permanentes al transporte público son técnicamente necesarios para el correcto diseño del sistema. Pero, por otro lado, es también esencial que la entrega de dichos subsidios vaya de la mano con un compromiso y un plan detallado y explícito del gobierno para rediseñar aquellos aspectos que han funcionado mal, producto de la ceguera inicial de su plan. Ambos elementos permitirán generar el diálogo necesario para asegurar que aquello que es mejor para todos, se haga realidad. El gobierno y nuestros representantes en el parlamento tienen la palabra.


Leonardo Basso Sotz (PhD, U. British Columbia)
Cristián Cortés Carrillo (PhD, U.Calif. Irvine)
Sergio Jara Díaz (PhD, MIT)
Francisco Martínez Concha (PhD, U. Leeds)
Marcela Munizaga Muñoz (PhD, PUC)

División Ingeniería de Transporte
Universidad de Chile.


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